juan carlos y franco

España se revela como un Estado antisocial y antidemocrático, de acuerdo con el Derecho impuesto por las clases dominantes. Los valores “superiores” que propugna son la semiesclavitud, o servidumbre consentida, la sangrante falta de equidad, la degeneración misma del concepto de igualdad (“tanto tienes, tanto vales”) y el monopartidismo gubernamental estatal, que, si no es signo de pluralidad, menos todavía puede serlo de pluralismo.

España es un Estado plurinacional que nunca podrá convertirse en Nación, dada la profunda división de clases existente en su seno, así como dadas las cuentas históricas pendientes que aún no han sido saldadas. La autonomía territorial administrativa huye de proyectos federalistas, sean o no éstos posibles pasos primeros hacia formas de soberanismo.

El castellano, mal llamado español, no debería ser de obligados conocimiento y uso para los súbditos, que no ciudadanos, del decadente Reino posfranquista hispánico. Sin idioma oficial y el respeto a las diversas lenguas y dialectos de tan complejo país se avanzaría hacia un modelo cultural-lingüístico más en consonancia con la realidad.

La bandera española continúa siendo insultante símbolo de la tiranía criminal fascista cuyas huellas perduran en el alma colectiva de personas, grupos y pueblos del Estado. Ninguna entidad racional decente debería mostrar respeto público o privado ante semejante enseña.

La capital del Estado será siempre discutible, con independencia de criterios geográficos que para ello puedan tenerse en cuenta.

Los partidos políticos, hoy por hoy, y mientras no adopten posturas inequívocamente revolucionarias, no representan a las mayorías, sino a las elites. Democracia es más que representación, y los cargos electos temen, como teme al agua el felino, que sea el “demos” quien pueda tumbarlos como cargos electos si no cumplen fielmente la palabra dada a sus mandantes de las urnas.

Los sindicatos amarillos, burocratizados, parasitarios y diédricos sobran en el panorama reivindicativo de los trabajadores, de los genuinos productores en esta sociedad. Las asociaciones empresariales, especialmente las que integran la gran oligarquía explotadora del país, deben ser declaradas con carácter oficial enemigas de clase, de la clase obrera, la cual está llamada, por puro imperativo ético, a destruir a su opresora y, de paso, derribar el desorden burgués ques e vende como idílico y deseable.

Las Fuerzas Armadas están para servir al pueblo, no para volverse contra el mismo y, menos aún,para amenazarlo con ruidos bravucones de sables que hieden a tiempos no superados por determinadas conciencias. La depuración de altos mandos militares reacios a romper con un reciente pasado de pesadilla es una misión prioritaria y, tal vez, incluso profiláctica.

La Ley merece ser respetada en la medida en que sea expresión de los deseos de justicia de quienes han de ser basamento permanente de una colectividad digna y humanista.

Los derechos humanos económicos, políticos, sociales y culturales son innegociables y perennes. Ningún errático paquete de medidas contrarias a la hegemonía de los hoy desposeídos y excluidos podrá tener cabida más allá de una enfermiza imaginación. Marginada será las confesión religiosa que se inmiscuya en lo que no sea de su incumbencia, particularmente la inquisitorial Iglesia Católica ibérica, de insoportable tendencia a combatir no sólo lo lacista, sino también lo laico.

No habrá libertad sin justicia, esto es, sin cordura. Y el deber supremo de los beneficiarios de una creciente e imprescindible prosperidad será no bajar la guardia ni procurar caer en la amnesia.

No es de recibe un Jefe de Estado designado a dedo, de inutilidad práctica y de vida alegre, opulenta, descuidada e insensible para con los problemas de millones de almas. Y no es aceptable la transmisión hereditaria de papeles conseguidos con pocos esfuerzos y sin mérito alguno.

La iniciativa legislativa habría de valer para todo tipo de materias, incluidas las concernientes a ciertas relaciones internacionales y a la aceptación de formar parte de estructuras multiestatales belicosas-belicistas, genocidas y pisoteadoras sistemáticas del Derecho y de la moral de gentes (y a favor de la plutocracia).

Todos los Presidentes de Gobierno deberían percibir retribuciones nada distintas de las que percibirían si hubiesen desempeñado con anterioridad al ejercicio de sus altas funciones cualquier labor de la que no se sintieran avergonzados. Tras desocupar su elevado cargo no deberían vivir escandalosamente por encima del resto de los mortales más próximos.

Las Fuerzas y los Cuerpos de la Seguridad del Estado devendrán verdaderos obreros cuando vayan siempre de las manos, siempre, de los que serán sus compañeros de luchas y fatigas. Hasta que ello sea perceptible, no se admitirá un hoy de apoyo solidario a justas causas combinado con un mañana de represiones y excesos.

El Poder Judicial podrá prescindir del CGPJ, estará compuesto por juzgadores sin prejuicios tolerables, podrán ser elegidos popularmente, no tendrán restringida su libertad de expresión y no deberán manifestar soberbia cuando sus resoluciones sean cuestionadas, sean quienes sean los cuestionadores. La administración de justicia será gratuita, aunque lo niegue algún Ministro indigno de serlo, y el Ministerio Fiscal dejará de estar maniatado por la engorrosa dependencia jerárquica.

Toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Esto ya está escrito, mas el papel está tan mojado que sólo falta que sea arrojado al retrete del “debo, pero no quiero”.

El Estado se verá obligado a la planificación en la actividad económica, a hacer efectivo el funcionamiento de consejos de obreros, estudiantes, soldados, etc., en un marco caracterizado por la descentralización, la desconcentración, la cooperación y la búsqueda común del máximo bienestar, no del beneficio individual. Y todo ello con el fundamental objetivo de que nadie, absolutamente nadie, quede abandonado a su suerte.

El Tribunal Constitucional, guardián vocacional de la adecuada observancia de la Ley Básica de unas Españas no borbónicas, no podrá dilatar sus sentencias por causas relacionadas con quienes tengan mayoría parlamentaria en un momento dado, ni por razones ajenas a la interpretación constitucionalista de las normas de acuerdo con el contexto en que éstas sean o hayan de ser aplicadas.

La reforma constitucional será fácil, rápida, ágil, sin demasiados trámites que estorben la mejora social deseada por el mayor número de personas concebible. Se aprobará cualquier cambio mediante referendo vinculante y lo más aconsejable será proponer las enmiendas una a una, en bloques, para que el nuevo texto resultante no surja como producto de interesadas trampas para que parezca que todo quisque está totalmente de acuerdo con cualquier disposición y con cualquier arbitrariedad de “iluminados/as salvadores/as”.

La nueva Constitución será un hecho el día en que españoles y españolas decidan su futuro sin coacciones, sin mentiras, sin despiste, sin ignorancia y sin paternalismos varios, con educación, cultura y salud mental.

A la espera de la auténtica ruptura democrática con el anterior régimen franquista, y, a sabiendas de que este año 2012 no habrá jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, no celebremos lo incelebrable.

DIGAMOS NO A LA CONMEMORACIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LA “SACROSANTA, PERFECTA Y DEMOCRÁTICA” CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

Como bien dijera aquél: “No se puede mantener engañado a todo el mundo todo el tiempo”.

¡SALUD, Y QUE VIVAN LAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS!

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