perd. de pod. adquisit.

Cuenta una leyenda que en cierto país se extendió una ola generalizada de violaciones y otras atrocidades contra la libertad sexual de las personas de aquellas tierras. Así que el Gobierno de tan alarmado lugar decidió ofrecerse con especiales énfasis e interés para atajar la aterradora situación. Sin embargo, todo el mundo tardó poco en advertir que la criminalidad no sólo no decrecía, sino que aumentaba exponencialmente casi a diario. Los gobernantes adujeron que sin paciencia y sangre fría no podría verse resuelto tamaño problema.

Al cabo de los años ya poca gente quedaba que no hubiese sido víctima de atropellos de la naturaleza indicada. Mas aún pululaban almas que no se habían percatado de la identidad de los violadores, que no eran, aunque no los únicos, sino aquellos a los que se les confió la tarea no sólo de impulsar la lucha legal contra el crimen, sino la labor de ejecutar medidas destinadas a erradicarlo.

La moraleja no hace falta ni exponerla.

La supuesta mejora (o mejoría, habría que decir) de la economía española de la que la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se jactó el pasado viernes, con el argumento del buen dato de la balanza comercial, no se ha traducido aún en el maltrecho bolsillo de los ciudadanos de a pie. Todo lo contrario: desde la llegada del PP al Gobierno, los servicios básicos se han encarecido mientras los sueldos siguen prácticamente congelados o incluso bajan, lo que ha asestado un severo golpe al poder adquisitivo de las familias.

Entre estos servicios destaca uno que ya ha subido cuatro veces en los últimos doce meses: la luz. El viernes 21 de diciembre se supo que el recibo de la electricidad se encarecerá alrededor de un 3% al mes, lo que representará, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un aumento anual para los hogares de este gasto de unos 44 euros.

Los españoles han visto desde 2008 cómo la luz subía un 70%, situándose la factura media en alrededor de 80 euros. Si la electricidad no ha dejado de aumentar su precio desde ese año, las políticas de austeridad y recortes del actual Ejecutivo (que a sí mismo nada o poco se recorta, salvo la vergüenza) han elevado ahora el recibo de la electricidad a cotas nunca vistas. En abril, la factura subió un 7%; en julio, otro 4%. Más tarde, el aumento del IVA del 18% al 21% provocó el tercer incremento en menos de cinco meses. Con esta nueva subida, la cuarta, que se empezará a aplicar en enero, la factura de la luz ascenderá una media de cuatro euros al mes por hogar. Todo sea por la “sostenibilidad”, seguirán diciendo los tiránicos peperos votados sólo por 3 de cada 10 españoles.

El nuevo aumento esconde además un recargo adicional: el que se aplicará a los usuarios que consumen un 10% más que la media. En ese caso, el recibo se encarecerá hasta un 8% extra. Las asociaciones de consumidores han calculado cuánto puede representar este segundo recargo y han llegado a la conclusión de que para muchas familias, las que consumen más, la factura subirá de media, no ya el 3%, sino el 6%.

La luz no es lo único que ha subido, pese a que, según datos de la OCU, España tiene las tarifas eléctricas más altas de Europa. En verano aumentó también el coste del gas natural (unos 15 euros al año) y del butano (un euro más por bombona). No sólo eso; incluso los pensionistas, algunos de los cuales tienen pensiones no contributivas inferiores a 400 euros, sufragan ahora el copago sanitario de los medicamentos (un mínimo de 8 euros al mes), por no aludir a que la subida del IVA ha representado un aumento generalizado de precios.

Regreso al año del Diablo de 1985

Este contexto de alza de precios y de salarios prácticamente congelados ha provocado un desplome del poder adquisitivo de los españoles a niveles de 1985, hace 27 años, según los datos del propio Gobierno.

Y la tendencia no parece que vaya a invertirse. Un ejemplo es la propuesta del Ejecutivo de Rajoy a los sindicatos, a los que ha avanzado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2013 subirá sólo el 0,6%, con lo que pasará de 641,40 euros a 645,30 euros. Los agentes sociales ya han rechazado esta propuesta pues consideran que, en realidad, se trata de una bajada encubierta del SMI. Con esos apenas 4 euros mensuales que subirá el salario mínimo no se cubre ni de lejos el aumento de los precios, por lo que los trabajadores que cobran ese salario perderían 2,3 puntos de poder adquisitivo.

Los trabajadores están asumiendo, con enorme esfuerzo, la moderación salarial que pidió el Gobierno para reactivar la competitividad de la economía. No parece que sea el caso de los empresarios, a quienes también se instó a que limitaran sus márgenes de beneficio; la constante subida de precios indica que están haciendo lo contrario.

Incluso el Banco de España ha tenido que llamar al orden, aparentemente con escaso éxito, en reiteradas ocasiones a los empresarios para que contengan sus beneficios.

(Fuente: Lamarea.com. De lo que aparece en negrita es autor El Revolucionario Escarlata)

la tristeza del bolsillo

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