municipio del Estado español

¿Qué querrán hacer los neofranquistas peperos con la Carta Europea de Autonomía Local con la excusa de la eficiencia, la sostenibilidad, la supuesta lucha contra la corrupción y la necesidad de evitar gastos que para los liberales son “innecesarios” o “superfluos”?

La centralización administrativa es uno de los objetivos del neoliberalismo, escuela económica para la cual la descentralización en el seno de los Estados evita despilfarros y una mejor gestión de recursos de interés general.

Al margen de todo lo discutible de este pensamiento, no está de más destacar que no nos sorprende, viniendo de donde viene, esta obsesión del gobernante PP con las administraciones públicas locales, pues la formación política que dirige el Estado español casi con plena seguridad nunca vio con simpatía el modelo territorial vigente, en el que pueden ver una tendencia “amenazadora” al federalismo y al cantonalismo.

Como nos dice en su bitácora un experto en la materia, el Catedrático de Geografía Fernando Manero Miguel, tal como estaba redactada la cardinal Ley de Bases del Régimen Local del año 1985 ésta abría un escenario que cambiaría sustancialmente el modelo de funcionamiento y gestión de las unidades básicas conformadoras de la estructura territorial del país. Su aplicación traería consigo lógicas funcionales de perspectivas inciertas respecto a la calidad de los servicios prestados, a la financiación de los Ayuntamientos y al desempeño de las políticas públicas en el entorno de proximidad y vinculaciones que, amparados en la legitimidad democrática y en el principio de autonomía local, constitucionalmente reconocido, formalizaba el sentido de la convivencia en los municipios – los de pequeño tamaño – que en mayor medida se verán afectados por la aplicación de la nueva Ley pepera, una vez ésta sea aprobada.

Digo yo que si alguien puede probar a estas alturas de legislatura que el Partido Popular no mira con frecuencia a un pasado casi extinguido, que nos lo haga saber, porque no somos pocos los que percibimos que esta etapa de la Historia española es aún más aciaga que la comprendida entre los años 2000 y 2004.

El periódico Diagonal nos ofrece los pormenores de la noticia adelantada en el titular de este post:

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.

En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.

Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.

Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino de Amayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.

Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.

Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.

 

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