maldito fascismo

Si al menos pudiésemos hablar de una especie en extinción, estaríamos millones de personas un poco más tranquilas, pero no es el caso. No vivimos en ningún país del Sur de la América Latina, donde hace tiempo que se empezó a ajustar cuentas con su pasado ultraderechista y criminal.

El neofranquismo nace, crece y se afianza en el Estado español por causa de un continuismo traicionero, pactado entre fuerzas políticas acomodaticias que, a fuerza de maquillar el rostro inhumano de la materializada ideología fascista, han conseguido que la bestialidad haya crecido a sus anchas y se haya convertido en una fuerza, tanto oficial como extraoficial, sujetadora de las riendas de un régimen de plutócratas y capitalistas sin careta.

El verdugo se erige en perseguido en su propio feudo, seguro de su victoria en medio de un pueblo con exceso de alienados y adormecidos. La Justicia, teóricamente, se divide en conservadora y demócrata, pero el marco legal que ha conformado un modelo estrambótico en el cual los poderosos siguen siendo los mismos que lo fueron durante décadas deja al país al nivel de lo impresentable de cara a la opinión pública internacional.

De puertas para dentro, en el “dulce hogar”, nos entran a muchos muchas ganas de romper el espejo colectivo en el que cuesta cada día más trabajo la autocontemplación “nacional”.

¡Fuera mordazas de la boca de España!

Lo siguiente nos contaba, entre otros, Diario Crítico hace escasamente dos días:

La asociación progresista de jueces, Jueces para la Democracia, hizo unas consideraciones sobre la organización Falange Española, que presentó querella contra un periodista por un artículo en el que afirmaba que Falange era una organización con un amplio historial de crímenes contra la humanidad. Tras la imputación de este periodista, Jueces para la Democracia ha emitido una nota que transcribimos de forma íntegra:

“A partir de una querella de Falange, ha sido imputado el periodista Gerardo Rivas Rico por la publicación, el pasado 22 de marzo de 2012, de un artículo en ‘El Plural’ con el título ‘El vicepresidente de Gobierno de Madrid le pide el perejil a la hija de Franco’. Dejando a un lado las opiniones personales del autor respecto de las razones de la expulsión de la carrera judicial del magistrado Baltasar Garzón, cuestión en la que no entramos, en el artículo se afirma que Falange es una organización con un amplio historial de crímenes contra la humanidad, habiendo sido este el principal motivo de la denuncia.

Jueces para la Democracia considera que se ha demostrado científica y suficientemente, a través de numerosas investigaciones rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS (a partir de abril de 1937 Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en la represión desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de Estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra, ya consolidada la dictadura franquista. Son los propios documentos oficiales (del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía y de la propia Falange) los que dejan evidencia de esa implicación. Estas tareas represivas de Falange afectaron durante años a miles de personas en todo el país. Esta es, por tanto, una verdad científica cimentada en decenas de investigaciones que no admite discusión.

Queremos mostrar nuestra disconformidad ante el hecho de que un periodista que constate una verdad histórica sea imputado judicialmente, al aceptarse la denuncia de Falange por buscar el ‘menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos (…) para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización’. Sería como si en Alemania un tribunal aceptara una denuncia del partido nazi contra periodistas o historiadores que escribieran sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los miembros de su partido durante los años treinta y cuarenta. En definitiva, no se trata sólo de un ejercicio de libertad de expresión, reconocida por el art. 20 de la Constitución, sino también del derecho a la verdad, difundida desde la historiografía o el periodismo, y recibida por el resto de la ciudadanía que tiene derecho a conocer lo sucedido en su propio país”.

En ocasiones, y esto lo dice El Revolucionario Escarlata, algunas verdese, en efecto, parecen tener sólo un camino.

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