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Las principales agencias de noticias (incluida Prensa Latina) se han hecho eco de que la Asamblea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aprobó este lunes una resolución de condena a Siria, sin presentar prueba alguna contra la nación árabe.

La mayoría de los 268 delegados de la asamblea consideró que el gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, fue el responsable de un ataque con armas químicas en su país, registrado en agosto pasado en las afueras de Damasco.

Asimismo, culparon a Al Assad por la muerte de unas 100.000 personas en dos años de conflicto, a pesar del aumento de las denuncias de masacres cometidas por grupos terroristas con vinculaciones con la red Al Qaeda.

La única delegación que se opuso fue la de Rusia, que asistió al encuentro en calidad de observador asociado.

Moscú ratificó la denuncia sobre las manipulaciones de materiales fílmicos difundidos por grupos armados sirios, replicados luego por medios occidentales, sobre la supuesta implicación del ejército sirio en el ataque con agentes químicos perpetrado en agosto.

Pasamos de Siria a Libia, y hemos podido saber gracias a Thierry Meyssan, en la Red Voltaire, que el lunes 15 de agosto de 2011, Estados Unidos trató de apoderarse de 1 500 millones de dólares pertenecientes a la Yamahiriya libia, robo que Sudáfrica logró impedir en el último momento.

Los documentos presentados en aquel entonces demuestran que los miembros del CNT y sus funcionarios recibían salarios pagados directamente por un órgano estadounidense. El artículo de Thierry Meyssan, publicado desde Trípoli el 16 de agosto de 2011, o sea al día siguiente de aquel intento de robo es lo que se puede leer o repasar a continuación.

El martes 9 de agosto de 2011, Sana Khan, secretario del Comité de Sanciones creado por la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, hizo llegar a los miembros del Comité un aviso emitido por la embajadora Susan Rice, representante permanente de Estados Unidos en la ONU.

En esa misiva, Washington informa al Comité de su intención de descongelar 1 500 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Libia, a la Autoridad Libia de Inversiones, al Banco Exterior de Libia, a la Cartera Libia de Inversiones en África y a la Compañía Nacional Libia del Petróleo.

Afirmando que el descongelamiento de fondos es legal cuando estos se destinan a fines humanitarios o civiles (artículo 19 de la resolución 1970, Washington anuncia en su documento su decisión unilateral de distribuir esa suma de la siguiente manera:

— 500 millones de dólares para organizaciones humanitarias seleccionadas por Washington «para responder a necesidades humanitarias actuales y a las que puedan preverse, conforme al llamado de las Naciones Unidas y sus actualizaciones previsibles»;

— 500 millones de dólares para «firmas de aprovisionamiento en combustible y en bienes humanitarios necesarios»;

— 500 millones de dólares para el Temporary Financial Mechanism (TFM) para «pagar los salarios y gastos de funcionamiento de los funcionarios libios, gastos en alimentación, electricidad y otras compras humanitarias».

De esta última cantidad, se reservarían 100 millones para destinarlos posteriormente a las necesidades humanitarias de los libios en las zonas no controladas por el Consejo Nacional de Transición (CNT), cuando este último haya establecido «un mecanismo creíble, transparente y efectivo» para su entrega.

En otras palabras, Estados Unidos informó al Comité de Sanciones de su intención de apropiarse de 1 500 millones de dólares pertenecientes a la Yamahiriya libia para entregar un tercio de esa suma a sus propios servicios humanitarios (la USAID y otros), otro tercio a sus propias transnacionales (Exxon, Halliburton, etc.) y el resto al TFM, que es una oficina del Libyan Information Exchange Mechanism (LIEM), que a su vez no es más que un órgano extraoficial creado por Washington y avalado por el Grupo de Contacto para administrar Libia.

Washington anunció además que consideraría que contaba con el consentimiento tácito del Comité de Sanciones a los 5 días de la recepción de su notificación.

Desgraciadamente, al no estar representada en ese Comité, la Yamahiriya no podía oponerse a ese robo. En efecto, su anterior embajador desertó y el Departamento de Estado sigue sin conceder la visa al que debe reemplazarlo, lo cual constituye por demás una violación de las obligaciones de Estados Unidos como país que alberga la sede de la ONU.
Washington esperaba aprovechar esa coyuntura de ausencia forzosa del representante de la Yamahiriya ante la ONU para apoderarse del botín. Por cierto, ya Francia abrió una brecha en ese sentido al robarse 128 millones de dólares en condiciones similares.

Fue en definitiva el representante permanente de Sudáfrica, el embajador Baso Sangqu, quien se opuso a la maniobra.
Además de la rapacidad de Estados Unidos, este increíble incidente confirma que quien gobierna la autoproclamada «Libia libre» de Benghazi y Misurata no es el Consejo Nacional de Transición (CNT). Este no pasa de ser una fachada, bastante resquebrajada por cierto. El este de Libia, bajo control de la OTAN, está siendo administrado por el Libyan Information Exchange Mechanism (LIEM), un órgano informal y sin personalidad jurídica establecido en Nápoles únicamente por Estados Unidos, a pesar de que algunos de sus empleados son italianos.

Los fondos presentados como atribuidos al CNT se entregan en realidad al LIEM, que los utiliza para pagar salarios a los miembros del CNT y sus funcionarios. Este detalle es de extrema importancia: el Consejo Nacional de Transición o CNT no tiene en realidad una política propia sino que se limita a ejecutar la política de Estados Unidos. Y esto no tiene absolutamente nada de sorprendente cuando se sabe que el CNT no surgió a raíz de los incidentes de Benghazi sino que se creó hace varios años, en Londres, como un gobierno provisional en el exilio.

Por consiguiente, el verdadero objetivo de la acción militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo no es garantizar la protección de los civiles prevista en la resolución 1973, y menos aún la «liberación de los libios», sino más bien la colonización del país.

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