El PPSOEZ en Andalucía se plantea privatizar cementerios. Todo puede ser negocio

Cementerio_San_Rafael_Puerta_Fuensanta, en Córdoba

Dentro de pocos años los manuales de Derecho administrativo español serán de Historia de esta rama jurídica, ya que el sector público y las competencias de las diversas Administraciones públicas del Estado español (en este caso, las municipales andaluzas) van a quedar reducidas al mínimo, y hasta el fracasado y dogmático modelo económico-social estadounidense va a parecer paradisíaco al lado de esta deriva implacable que seguirá prosperando como la inercia ciudadana generalizada sea la propia de muertos vivientes. Porque, al fin y al cabo, los muertos y enterrados no se enteran de lo mal que nos va a los vivos en este “camposanto” a cielo abierto, peligrosamente parecido a una cárcel de mierda (que no de oro), demostrativo de que donde Don Dinero, mejor dicho, Don Capital manda, la libertad es más bien de la que disfrutan pocos/as.

La información detallada nos la da Andalucesdirario.es:

Un cementerio, por cremación o por inhumación, siempre tiene clientes, y casi siempre es rentable. Ante la necesidad acuciante de liquidez, algunos ayuntamientos han abierto las puertas a su privatización. Cuatro consistorios gobernados por el PP, Granada, Jaén y Córdoba (es una cesión parcial por cuatro años), que ya han iniciado los trámites, y Huelva, que lo tiene sobre la mesa aunque sin tomar aún una decisión en firme, han optado por esta vía rápida para la captación de recursos y engordar unas arcas municipales en situación terminal ofreciendo un negocio seguro. Y por cuarenta o cincuenta años. Un nuevo nicho de mercado para las empresas con ganas de invertir en el sector funerario. Pero a veces el beneficio puede no ser eterno.

El principal argumento que esgrimen los alcaldes para desprenderse de los camposantos es que la gestión privada es más eficaz: mejor servicio a mejor precio y además remozarán unas instalaciones que, por lo general, suelen estar en claro declive. Sin embargo, aunque la ganancia pueda ser inmediata para todas las partes, puede torcerse la operación a medio plazo. Es lo que les ha pasado a ayuntamientos que han sido la avanzadilla. Se han topado con que la concesionaria no ha prestado el servicio ni con esa eficiencia ni calidad que se esperaba y han acabado con el millonario rescate de la concesión. Dan cuenta de ello los ayuntamientos de Marbella y de Almería que, en dinero contante y sonante o en especie, tienen que devolver lo que corresponde a la empresa explotadora por el lucro cesante. A pesar de la mala experiencia, incapaces de afrontar la prestación del servicio por su asfixia financiera, vuelven a dejarlo en manos privadas.

El Ayuntamiento de Marbella acaba de quitarse de encima una pesada losa que arrastraba desde 1995. En la etapa de GIL, los tres cementerios del término quedaron en manos de una empresa local, no hizo lo prometido y las quejas de los vecinos obligaron a su rescate este año por incumplimiento de convenio. Una negociación más que compleja (se resolvió por un acuerdo extrajudicial) si se tiene en cuenta que sobre el suelo de uno de ellos, además, pesaba un embargo con cargo a la Liga de Fútbol Profesional por el caso Camisetas y otras deudas de los gobiernos del GIL. El asunto finalmente se resolvió el pasado agosto: rescate de la concesión y compensación a la LFP con un local por valor de 550.000 euros. Ahora, según los datos facilitados por el consistorio, cuatro empresas son las que compiten por una concesión por 40 años, a cambio de una inversión de 2,73 millones en mejoras y un canon por 5 millones.

Al consistorio almeriense, que privatizó en 1999 su cementerio, le ha salido muy caro. Desde el principio, la concesionaria tampoco cumplió con lo pactado. Diez años después el Ayuntamiento decidió el rescate (el mandato en el que cogobernaron PSOE e IU no pudieron dar marcha atrás porque el pliego de condiciones marcaban un plazo fijo en el que la concesión no podía recovarse). Tira y afloja en los tribunales y, a principios de este mes de octubre, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: el consistorio tendrá que desembolsar 5,4 millones de euros para compensar a la empresa, a los que si se suman los intereses, pueden llegar a casi 7 millones. Los presupuestos para 2014 para Almería están hipotecados y el ayuntamiento negocia un pago a plazos. En el último pleno municipal, el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, propuso hacerlo en dos anualidades, pero el acuerdo con la empresa parece lejano.

Mientras tanto, y desde 2010 está operando una nueva concesionaria: un 16% de los ingresos durante el periodo concesional por 30 años y una inversión de 4 millones en mejoras. Por ahora, el servicio funciona, pero los almerienses no lo han recibido por un mejor precio. Hay nuevas tasas y más caras. El portavoz del grupo municipal de IU, Rafael Esteban, define la operación como una concesión “muy recaudatoria”, para “hacer caja”, y recuerda los 54 euros anuales por mantenimiento de nicho o los 100 euros por transporte del cadáver.

En Huelva, el Ayuntamiento aún no ha dado ningún paso al respecto, pero lo que haya ocurrido en estos ayuntamientos no pesará a la hora de tomar una decisión. “Hay mecanismos y condiciones técnicas en los contratos para asegurarse de que todo irá bien”, afirma el concejal responsable de esta área, Felipe Arias. La opción de la privatización se baraja a raíz de un informe económico y financiero encargado para sanear las cuentas municipales como paso previo a acogerse al tercer plan de pago a proveedores del Gobierno central. En ese documento es donde se recoge como “recomendación” la posibilidad de una “externalización” de la gestión del cementerio. “Es una vía de ingresos, pero no hay ninguna acción iniciada y el servicio está tal cual. Pero es cierto que está sobre la mesa”, advierte, y apunta a que hoy se están acometiendo reformas y mejoras de las instalaciones.

Entre las principales ventajas que ofrece la gestión privada está el ahorro salarial. Un ahorro “considerable”, según Arias, porque no es lo mismo pagar a funcionarios, que por convenios tienen unas retribuciones más altas, que a los trabajadores polivalentes de una empresa privada, que tienen “más flexibilidad” laboral y retributiva. De fraguarse la operación (el 49% estaría en manos privadas), tal y como viene en ese informe, la concesión sería por 50 años, a cambio de un canon anual de 700.000 euros. Arias asegura que no habrá incremento de las tasas, porque uno de los compromisos electorales es acabar la legislatura con una bajada de impuestos.

Tampoco le han pesado estos dos ejemplos al ayuntamiento de Granada. Su cementerio ya está en manos privadas y lo seguirá estando para los próximos 50 años por el precio de 7,5 millones. Las cuentas no le salen a la oposición. El portavoz del Grupo municipal socialista y delegado de Emucesa (empresa municipal que gestiona el cementerio), Francisco Cuenca, recuerda que el cementerio da beneficios: la media era de un millón de euros hasta 2012, que cayó a 600.000 euros. Por tanto, el dinero que hoy se va a obtener es el que se recuperaría en el plazo de siete u ocho años, y se perderían en el camino otros 43.

“Si ésas son las cuentas, si la empresa municipal Emucesa es eficiente, dirige bien un negocio rentable, el cementerio funciona correctamente y todo prueba la excelente gestión municipal en este caso, ¿por qué malvenderlo y por tantos años?”, cuestiona. La respuesta está en la necesidad de “hacer caja urgente”. Cuenca recuerda que el consistorio granadino está hasta arriba de deudas. Lo prueba con las cifras solicitadas a los planes estatales de pago a proveedores: se solicitaron 107 millones el pasado año y para este 46 millones, cifras que distan mucho de los 2 y 4 millones que ha solicitado el Ayuntamiento de Málaga. Y en este caso, no vale argumentar herencias de anteriores equipos de gobierno. “El alcalde es el mismo desde hace diez años”, ironiza el edil socialista, que mantiene que su legado de una concesión por 50 años será difícil de revocar por quien venga detrás.

En esta visión cortoplacista por tener ingresos, en este “pan para hoy y hambre para mañana”, el PSOE ve otras sombras. Al primer concurso convocado concurrió una de las empresas más potentes del sector, Funespaña, y se declaró desierto. Después se ha adjudicado a una unión de cuatro empresas asturianas y cántabras, Invernor, que ya anunciado su disposición a entrar fuerte en Granada, porque además del cementerio, pretende introducirse en el negocio funerario, florista y de mármoles (un negocio del que hoy por hoy viven unas 147 familias granadinas). Para Cuenca es muy extraño, tanto el proceso como la concesionaria, de los que el ayuntamiento no le da ninguna información e insinúa que pueda haber detrás algo más. El cementerio de San José está en la Dehesa del Generalife, formando parte del conjunto monumental y paisajístico de la Alhambra, pero también hay otros solares alrededor sin ningún uso, pero que podrían albergar aparcamientos en un futuro.

NO SÓLO PRIVATIZA EL PP

No son sólo los ayuntamientos del PP los que han querido privatizar estas instalaciones. En Priego de Córdoba, el PSOE lo privatizó en el anterior mandato, y con el apoyo del PP que ahora es quien está en el gobierno, y en Jerez de la Frontera (Cádiz), bajo mandato de la socialista Pilar Sánchez se activó la maquinaria para su privatización, aunque la idea viniera tiempo atrás, desde la era del PSA de Pedro Pacheco. Quien entonces estaba en la oposición, la popular María José García-Pelayo, rechazó de plano una propuesta de gestión indirecta por 5 millones de euros. Cuando llegó al Gobierno, dio marcha atrás a la decisión aprobada en pleno.

Lo que se quiso rentabilizar políticamente como un “no le vendemos el cementerio a nadie”, como proclamó entonces, no es del todo así. Al menos, ese no es el análisis que hace el portavoz de IU en el consistorio jerezano, Joaquín de Valle. A su juicio, la verdadera razón por la que se dio marcha atrás es que no es una operación interesante para la iniciativa privada. “Seguramente, si se hiciera un concurso quedaría desierto porque no es rentable”, afirma. La explicación está en que el camposanto jerezano está en pleno casco antiguo, tiene nulas opciones de ampliación y tampoco podía construirse un crematorio por la cercanía de viviendas (la legislación vigente obliga a que estén a más de 500 metros de los núcleos habitados). Cuestión distinta es si en un futuro se hace otro cementerio (Del Valle cree que será más pronto que tarde), porque el actual se le agota el espacio. Entonces sí se barajaría que pudiera ser de gestión privada al 100%. Del Valle apunta en esa dirección, después de que el gobierno local de García-Pelayo haya intentado privatizar hasta el subsuelo.

Mientras tanto, el cementerio de La Merced, seguirá siendo público y será remodelado. El dinero saldrá de un curioso convenio de inversor suscrito por el Ayuntamiento con el Ministerio de Agricultura y Pesca (quien lo dirige es el jerezano Miguel Arias Cañete), por el que en un futuro el Ayuntamiento devolverá el dinero.

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