dictadura militar argentina

El Gobierno actual ha encontrado nuevos documentos secretos de la Junta Militar que abarcan el periodo 1976-1983.

El Gobierno de la Argentina dio a conocer el hallazgo de documentos secretos clave de la última dictadura militar (1976-1983), incluyendo todas las actas de las juntas militares y “listas negras” de perseguidos políticos, intelectuales y artistas, material de gran valor histórico que será aportado a la justicia. Entre los que figuran en las listas negras de la Junta Militar figuran Joan Manel Serrat, Peret o Camilo Sesto.

Los papeles descubiertos comprenden el periodo que va desde el 24 de marzo de 1976, día del golpe contra la presidenta María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando concluye la etapa política más negra de la historia argentina. Según esos papeles, la dictadura se planteaba permanecer en el poder hasta el 2000.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha explicado que la documentación fue facilitada por un “jefe del Estado Mayor, integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas”. Los documentos fueron encontrados el pasado jueves, durante tareas de limpieza, en un subsuelo del edificio Cóndor, de Buenos Aires, que depende de la Fuerza Aérea, y han sido trasladados a otro edificio, donde ya están siendo estudiados por una docena de expertos.

Entre el material descubierto, hay 1.500 carpetas que estaban guardadas dentro de dos cajas fuertes y dos armarios, seis de las cuales contienen todas las actas secretas de las juntas militares, un total de 280 actas originales en los que los jerarcas dejaron sentadas sus posiciones sobre distintos asuntos.

SEIS MESES PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
El Estado se ha dado un plazo de seis meses para clasificar todo el material encontrado. “La justicia decidirá si esta documentación que hemos encontrado tiene además de valor histórico, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando en los distintos tribunales judiciales de Argentina”, ha subrayado Rossi.

Las carpetas estaban ordenadas cronológica y temáticamente. Las mismas incluyen “listas negras” de 331 intelectuales, comunicadores y artistas. Estos están divididos en cuatro niveles, según su supuesto grado de “peligrosidad”. En estas listas, además de los mencionados cantantes Joan Manel Serrat, Camilo Sesto y Peret figuran, entre otros, los actores Norma Aleandro, Federico Luppi y Héctor Alterio, los escritores Julio Cortázar y María Elena Walsh y la cantante Mercedes Sosa.

Entre los documentos también hay instrucciones para responder a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a las solicitudes de las familias que querían saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Entre estas solicitudes figura el de Hebe de Bonafini, de las Madres de la Plaza de Mayo, con dos hijos desaparecidos. En otra de esas carpetas hay una lista con las aportaciones de la Asociación de Bancos Argentinos a la dictadura. Para el ministro de Defensa, estos documentos demuestran la connivencia de una parte de la sociedad civil con la dictadura.

LA BATALLA CON ‘CLARÍN’
De los documentos también se desprende la importancia que le dio la dictadura a la transferencia de las acciones de la empresa Papel Prensa a una sociedad formada por los diarios ‘Clarín’, ‘La Razón’ y ‘La Nación’. El caso de Papel Prensa figura en trece actas, lo cual demuestra, según Rossi, que fue “un tema de discusión permanente de la Junta” y, en algunas ocasiones el asunto “se analizaba junto con la detención de los familiares y allegados” de la familia Graiver, la anterior propietaria de la empresa.

De esta manera, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reabre otro frente de batalla contra ‘Clarín’. El hallazgo de estas actas de la dictadura se conoce semana después de que el Tribunal Supremo declarara constitucional la ley que obliga al principal grupo mediático de este país, dueño del diario de mayor circulación y de buena parte del negocio de la televisión por cable e internet, a desprenderse de parte de sus licencias.

‘Clarín’ impugnó en los tribunales la ley de medios audiovisuales durante cuatro años. El dictamen de la principal instancia judicial argentina se saldó a favor de las posiciones del Gobierno, que consideraba a la disputa con el grupo mediático la “madre de las batallas” políticas. ‘Clarín’ ha presentado este lunes a las autoridades su plan de adecuación a la ley pero ha avanzado que seguirá litigando en tribunales de este país e internacionales por lo que considera una violación del derecho de propiedad.

(Principal fuente consultada: elPeriódico.com)

Anuncios