Imagen de The Scarlet Revolutionary y firmada por él
Imagen y texto firmados por The Scarlet Revolutionary

Pido que mis opiniones vertidas aquí se deslinden de los hechos probados en el texto que redacté porque me lo exigían, como de costumbre, sesos, patata y tripas.

Para efectuar este análisis, que no debería pecar de exceso de extensión, El Revolucionario Escarlata dejará esta vez aparcada su defensa del soberanismo socialista andaluz; se ceñirá a abordar el tema en el que un apreciable sector de la población de su entorno piensa (lo exprese o no por algún medio reconocible desde fuera) desde una perspectiva fundamentalmente jurídica, lo cual no quiere significar que el autor de esta entrada vaya a caer fácilmente y de modo acrítico en un leguleyismo forjado en su discontinua etapa universitaria. De lo que se trata, de hecho, es de realizar precisas aclaraciones constitucionalistas, añadidas a relevantes detalles históricos, periodísticos y aun filosóficos que en el Estado español (asimismo en el extranjero, en no pequeña medida) eliminen la confusión en quienes como observadores asisten a debates sobre la forma política presente de España y de cara al futuro inmediato.

Y acá es donde el común de los súbditos españoles, mal llamados ciudadanos, anda más liado: en conceptos y diferencias entre términos mal explicados que se encuentran contenidos en la Carta Magna vigente.

En primer lugar, es preceptivo clarificar que la “Nación” española no es una Monarquía constitucional, sino una parlamentaria. Esto es importante distinguirlo, por cuanto si estuviéramos ante el primer supuesto, el Rey, Jefe del Estado en cualquier caso, estaría investido de importantes facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y sería algo o mucho más que una figura decorativa institucional. Muy por el contrario, es España un régimen monárquico en el que el Poder Legislativo se ocupa, entre otros menesteres, de regular y supervisar las funciones y actuaciones del Monarca, y el mismo se halla bajo los controles parlamentario y gubernamental.

Es más, el artículo 56.3 de la Ley Fundamental de 1978 confiere al Borbón y a sus herederos al trono inviolabilidad e irresponsabilidad ; la propia Constitución (art.56.2 en conexión con el 65.2) deja fuera de toda duda que exclusivamente las personas autorizadas por su cargo y posición a refrendar los actos regios responden de los mismos, salvedad hecha del nombramiento y del cese de los miembros civiles y militares de la Casa Real.

Pero he aquí que la Constitución en vigor hace referencia en el artículo 1.3 al modelo político del Estado español; ello no equivale a tipo de Gobierno, digan lo que digan los politólogos inexpertos. El Rey no es ni ha sido un poder estatal, sino apenas un símbolo colocado por encima de los poderes del Estado, con el objetivo de encarnar valores tradicionales y caducos tendentes a ofrecer la imagen de un emblema sólido, inspirador de cohesión y estabilidad.

Nada más lejos de la justicia histórica; el proceso constituyente que arrancó tras la muerte del fascista Francisco soslayaba la legitimidad de aquello echado abajo por una rebelión militar en 1936.

Y es que fue la Constitución republicana del año 1931 la que prohibió expresamente en una parte de su articulado que los Borbones, una vez fuera de España (por aquel entonces se habían largado Alfonso XIII y familia), regresaran a este país, pues el desprestigio y el desgaste acumulados por la mencionada dinastía desde los tiempos que siguieron al final de la Guerra de Sucesión estallaron en un contexto en que la conciencia mayoritaria de las clases populares, del pueblo trabajador, iniciaba una fase de maduración y empezaba a creer en sus propias fuerzas y en su propio poderío.

Con el sangriento triunfo del fascismo y la permanencia en su versión dura de éste durante prácticamente 40 años, España fue reino sin líder máximo coronado, con un jefazo que no dudó en atribuirse prerrogativas y ventajas semisacras que vieron su continuidad en su heredero directo: Juan Carlos I.

Impuesto J.C. por Washington, y acatado por Madrid, había que prolongar y blindar la vida de ese Reino, con corona esta vez, con un juramento previo sobre las Leyes Fundamentales franquistas, auténtica Constitución material del atrasado país. Sobre la base de esta legalidad franquista sin Franco se celebraron unas elecciones reformistas, al amparo de una Ley impulsada en teoría por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez y aprobada en 1976, de las que surgiría un Cuerpo Legislador bicameral que acabaría originando la creación de una Asamblea Constituyente (apoyada en su formación por el reglamento de las reaccionarias Cortes anteriores) cuya membrecía no fue elegida directamente por el pueblo.

En realidad, la Constitución sometida a referéndum fue ofrecida para su aceptación o rechazo en un solo bloque, no por paquetes sometidos al escrutinio popular uno a uno. Y puesto que la misma Ley para la Reforma Política amparada, como se ha dicho, por la legalidad fascista no preveía la reinstauración republicana en España, la readmisión borbónica oficial y solemne inauguró una temporada, en la cual seguimos viviendo, que es la de la Segunda Restauración, con la misma estirpe al frente, claro. Pésimo homenaje a asesinados, represaliados y exiliados. Eso sí, decir que eres republicano y monárquico a la vez es “enemigo” de la absurdidad. Lo mismo que decir que el gobierno de un individuo es compatible con el de ese “soberano demos” que tiene por soberano al Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Es cierto, como reconocen las más perspicaces cabezas, que el espíritu caudillista continúa bien vivo en el linaje que conserva y retiene el monopolio de la máxima representación internacional de la “Marca España”. El Rey que reinó sin gobernar hizo pública una abdicación probablemente fraguada desde mucho tiempo atrás. Llevábamos razón los que hace dos años por lo menos nos dimos perfecta cuenta de que el deterioro de la figura juancarlesca magnificado por los grandes medios “patrios” de propaganda y desinformación no tenía otra finalidad que la de vendernos la necesidad artificial de regenerar la institución monárquica. Si el padre era presentado como un juguete roto, había que provocar que nos encariñásemos con el hijo, hoy a punto de suceder al progenitor, sin mérito ni capacidad conocidos.

Al final tendremos dos Reyes, dos Reinas consortes, una nueva Princesa de Asturias y la prolongación de los títulos nobiliarios. La Reacción hispánica cabalga hacia atrás, pretendiendo hacer del anacronismo escandaloso la cumbre del “progreso”. No ha aprendido las lecciones de Austria.

Para quienes nos consideramos adscritos a la doctrina marxista-leninista, no es del todo negativa, como punto de partida de una revolución orientada al socialismo, una genuina democracia formal, por muy burguesa y liberal que ella sea.

Sin embargo, y es el momento de resaltar otra falacia de la Norma Fundamental imperante, no es el Estado español democrático, ni material (cosa obvia) ni formalmente. Esto último lo demuestra el hecho de que la ruptura con el modelo anterior no haya existido en ningún plano, menos aún en el económico-empresarial. La operación cosmética pretenciosa que consiste en dar apariencia democrática a lo que no lo es debe recordarnos que el neofranquismo que nos domina es pura continuidad de lo que fue retocado por requerimientos coyunturales. No hubo Transición entonces, regrabemos y reproduzcamos este mensaje; no vamos hacia otra ahora. Nos encarrilan hacia una nueva Transacción, esta vez mediante la veda del diálogo.

El testigo recogido por el inminente Felipe VI es un trágala, viscoso cual sapo, que sí o sí habremos de soportar, al menos, a corto plazo. Se equivocan personalidades como Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Viçenç Navarro cuando cimientan su discurso en la naturaleza “democrática” limitada del régimen. La dictadura de la burguesía oligócrata no ha dejado de imponer sus rígidas leyes: la de la conveniencia y la de la defensa a ultranza de sus intereses de clase.

El arco parlamentario español lo componen fuerzas reaccionarias, fuerzas moderadas/”centristas” y fuerzas que dicen ser de izquierdas no dispuestas a satisfacer las aspiraciones transformadoras de las masas revolucionarias, aquellas conscientes de que la voluntad de los pueblos no puede ser representada, de que las urnas no son garantía de poder popular y paz social y de que la calle hace muy mal si verdaderamente se decide a entregar un cheque en blanco a unas Cámaras que aborrecen los foros asamblearios y participativos, y que se perpetúan merced a una ley orgánica diseñada a la medida de las mezquinas minorías opresoras, bajo insignias españolistas y nacionalistas periféricas. En eso los grupos hegemónicos están de acuerdo. No son republicanos, sobre todo, porque se caracterizan por inclinar la balanza hacia el lado de la “Res Privata”.

El pactismo de hace 36 años no quiere autodestruirse y no quiere que lo destruyan. Se niega a que el pueblo defienda y salve al pueblo. Se elevaron en su momento a profano altar la inquebrantable “unidad e indivisibilidad” de España y el Capitalismo como el único modo productivo posible y viable. Pueblos rehenes de fondos monetarios y de troikas, prisioneros de ocupantes militares extranjeros que acechan y tantean el terreno desde sus instalaciones “compartidas”, aquejados de insuficiente politización y distraídos sin descanso por insultos a la inteligencia proferidos desde la maquinaria perversa que provoca adicción al consumo, no son pueblos que tengan fácil, en principio, fijar el destino final de su viaje.

Lo que no tienen difícil, y de ahí la aplastante censura que privilegia voces afectas al agujereado régimen, es identificar lo que no quieren seguir tolerando, pese a argumentos machacones repetidos por los aparatos de persuasión engañosa.

La meta última, digámoslo de nuevo, no es la conquista del Estado por los explotados para (re)implantar una República burguesa, mas no cabe duda alguna de que el franquismo reformado, patriotero cuando toca y reptil cuando le corresponde, no resiste el peso conjunto de la lógica y la reivindicación no por antigua envejecida.

Nuestra esperanza mayor no es ser un Imperio como los USA, ni imitar a monarquías “molonas” como la británica o la sueca (que no sobresalen por oponerse al expolio de recursos de terceros países). Nuestra propia vía la trazaremos organizados, con el menor número de intermediarios, sin consideraciones genéticas ni sexistas, ni electoralismo sujeto a órdenes de grandes corporaciones. Cuanto más predomina el Capital, menos creíble es hablar de Democracia.

¿Vemos clara las naciones y los pueblos hispano-europeos la desemejanza entre estar en la izquierda del… y estar a la izquierda del…?

Nadie es más que nadie. Nadie está en posesión de la razón plena ni es sensato creer en perfecciones a las que no arribar. No quiero hablar, aunque a veces lo parezca, a nombre de todos; ni siquiera en nombre de quienes comparten mis ideas.

Lo único que deben permitirme es necesitar que todos seamos cada vez un poco más libres, que no nos lleven más de la mano y que la sociedad más racional que imaginar podamos sea producto de nuestro insistente denuedo.

Sugiero que no adoptemos una posición equidistante y cómplice cuando se nos plantee elegir entre Monarquía y República como opciones igual de respetables. Merece respeto la voz que aboga por la supresión de la negación de la igualdad de oportunidades, no la que apuntala lo peor de un pasado que anhela su inamovilidad en el espacio-tiempo.

El derecho al pataleo es muy burgués, lo admito. Lo que pasa es que de momento me valgo de él para desahogarme. No me queda otra.

¿Le pasará al señor De Borbón Y Grecia lo mismo que le ocurrió al Rey Caballero, Don Amadeo de Saboya? Si así fuera, muchos saldríamos ganando, o perdiendo menos, sin tener que traer a nuestra memoria sangrientas estampas de patíbulos.

¡Salud!

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