Se trata de casos antitéticos entre ellos por el contraste que existe entre dos decisiones concernientes al mismo tema, muy delicado por lo demás: el español y el venezolano.
Lean con mucha atención y comprenderán. ¿El negocio de las armas es más importante que la seguridad colectiva aun cuando ésta corre peligro de muerte? Contesten ustedes mismos/as.
Esto nos refiere el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Justícia i Pau):
La novedad consiste en que el Gobierno (español), a través del Ministerio de Defensa, podrá celebrar contratos de exportación de armas con un Gobierno extranjero. En realidad, el Ministerio de Defensa firmará dos contratos. Uno con el Gobierno extranjero; contrato por el cual el Ministerio de Defensa se compromete a garantizar el suministro del armamento fabricado por una empresa española, supervisando la ejecución del contrato y el suministro del material. En este primer contrato, el Ministerio de Defensa actúa en nombre y representación del Gobierno extranjero. El segundo contrato se celebrará entre el Ministerio de Defensa y la empresa suministradora del armamento.
De esta forma, es el Gobierno español el que garantiza la realización de las operaciones de transferencia de material de defensa. Esta garantía, que venía siendo prestada por otros gobiernos, facilita que un Gobierno extranjero se decida por adquirir armamento producido en España. Pensemos en la posible venta a Arabia Saudí de más de 200 tanques Leopard por un valor que podría ser superior a los 3.000 millones de euros, contrato que lleva negociándose desde mayo de 2008 y que todavía no se ha cerrado.
El Real Decreto Ley 19/2012 también permite que el Ministerio de Defensa supervise el cumplimiento de los contratos de suministro de armas celebrados entre gobiernos extranjeros y empresas con domicilio en territorio español; planee y administre programas de obtención de armamento a favor de otros gobiernos; transmita conocimiento operativo y tecnológico sobre material de defensa a gobiernos extranjeros; preste asesoramiento técnico y operativo para la ejecución de un programa de material de defensa; o realice actividades de aseguramiento de la calidad.
Esta medida supone un salto cualitativo en la política de fomento de las exportaciones de armamento que tradicionalmente venía realizando el Gobierno español. Una política en la que el apoyo institucional del Ministerio de Defensa ha sido constante y variado: ofreciendo información a las empresas españolas a través de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio; ofreciendo servicios de consultoría y facilitando las negociaciones a través de la Isdefe, una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa; y garantizando la opacidad en el control del comercio de armamento al haber clasificado como secreto el contenido de las actas del órgano administrativo que autoriza las exportaciones de material de defensa, la JIMDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso).
Aunque la política española de fomento de las exportaciones de armas ha sido muy importante, hasta ahora el Ministerio de Defensa no había asumido por sí mismo llevar a cabo la exportación de armamento. Eran las empresas las que celebraban los contratos de armamento con los gobiernos extranjeros y quienes se encargaban de cumplir dichos contratos. En otras palabras, el Ministerio de Defensa facilitaba que se realizaran contratos de exportación de armamento, pero no llevaba a cabo la exportación. A partir de ahora, el Ministerio de Defensa podrá firmar los contratos de exportación de armas, recibiendo el armamento contratado y encargándose de enviarlo al país que lo ha adquirido. Por tanto, no es una exageración afirmar que el Gobierno español se ha convertido en un traficante de armas. Ya que, según el diccionario de la Real Academia Española traficar significa, en su primera acepción, comerciar, negociar con el dinero y las mercancías.
Con esta medida, el Gobierno protege los intereses de la industria armamentística, a la que considera como un «sector esencial de la actividad económica del país». Habrá que estar pendiente de los efectos que este importante cambio tendrá en materia de control de las exportaciones. Según el Real Decreto Ley 19/2012, las exportaciones de armas que se realicen con base en un contrato firmado por el Ministerio de Defensa han de someterse al control de la JIMDDU. Sin embargo, parece razonable pensar que, una vez que el Ministerio de Defensa haya firmado un contrato de exportación con un Gobierno extranjero, es imposible que la JIMDDU no autorice dicha operación. En otras palabras, se puede convertir en papel mojado la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC sobre control de las exportaciones de tecnología y equipo militares. Esto es algo que, en cierta medida, está sucediendo ya. Vulnerando la normativa mencionada anteriormente, la JIMDDU está autorizando exportaciones de armamento a países que violan los derechos humanos o que sufren conflictos armados, como Marruecos, Colombia, Israel o Arabia Saudí.
España se ha convertido en el séptimo país del mundo en exportaciones de armamento; durante 2011, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 2.400 millones de euros. Esto se ha logrado, en gran medida, gracias a la política gubernamental de apoyo a las exportaciones. El Real Decreto Ley 19/2012 pretende mantener, e incluso mejorar, dicha posición durante los años venideros.
El Gobierno español parece dispuesto a olvidar que el comercio de armamento puede facilitar las violaciones de derechos humanos, favorecer el surgimiento de conflictos o agravar conflictos ya existentes, o limitar las posibilidades de desarrollo de países con escasos recursos. Hay que recordarle constantemente que se trata de un negocio manchado de sangre.
Esto es, por otra parte, lo que nos relata BBC Mundo:
Un tiroteo en plena ciudad, un niño que muere víctima de una bala perdida, atracos a punta de pistola, un motín carcelario con los presos fuertemente armados, discusiones de tránsito que acaban a los tiros. Noticias como estas forman parte del día a día de los venezolanos.
Todo, por la enorme presencia de armas de fuego en el país: el cálculo más conservador habla de seis millones. Así es difícil no salir a la calle sintiendo cierta paranoia.
La tasa oficial de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes. La oposición habla de 64. En cualquier caso, es la peor de Sudamérica, lejos de los 33 de Colombia y los 22 de Brasil.
En lo que sí están de acuerdo oficialistas y opositores es que hasta el 90% de los homicidios se perpetran con un arma de fuego. La media latinoamericana ronda el 75% y en Europa esa tasa es de poco más de un 20%.
La Asamblea Nacional lleva diez meses negociando una ley de desarme. Pero el gobierno, con la campaña electoral a punto de comenzar, no ha querido esperar para dar un golpe de efecto contra la cultura de la bala prohibiendo terminantemente la compraventa de armas en territorio venezolano.
El problema, según expertos consultados por BBC Mundo, es que esa medida no hace frente a la que consideran la principal fuente de violencia: las armas ilegales.
Más de 6 millones de armas
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), el 2011 fue el año más muertes violentas desde que se tiene registro. Este 2012 no parece haber mejorado. La situación es tal, que amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
«Muere un venezolano cada 30 minutos y otro es secuestrado cada ocho horas», denunció el candidato opositor, Henrique Capriles, quien acaba de presentar su «Plan seguridad para todos».
Aunque el gobierno de Hugo Chávez también hizo lo propio con lo que llama «Misión a toda vida», que prevé poner en marcha en junio, antes ha optado por una serie de medidas entre las que destaca la prohibición de la compraventa de armas.
«No se pondrá vender ni comercializar ningún arma de fuego. La medida alcanza a las municiones. A partir del 1 de junio, se prohíbe terminantemente vender armas en todo el territorio nacional», anunció el ministro del Interior, Tarek el Aissami.
De hecho, desde marzo pasado ya Venezuela mantenía suspendida la emisión de permisos para portar armas.
Otras iniciativas son la prohibición de acceder con armas a eventos deportivos, recintos públicos y espectáculos públicos. También están excluidas de «bares, cantinas o tabernas, restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y salones de baile».
Las empresas tendrán hasta mediados del próximo mes de julio para adaptarse a la nueva normativa que exigirá medidas de control como la instalación de arcos detectores de metales, rayos X o registro manual como el cacheo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que abastecerse a través del Ministerio para las Relaciones Interiores y la Justicia.
El Aissami también habló de un proyecto para que en un año estén marcadas todas las municiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con un número que identifique al funcionario que la disparó.
¿Servirá de algo?
Es imposible saber con certeza cuantas armas circulan por Venezuela. Según la fuente, se habla de un estimado de entre seis y nueve millones.
Los expertos en seguridad consultados por BBC Mundo, si bien tienden a opinar a favor de las políticas que buscan retirar armas de la circulación, también expresaron sus dudas acerca del verdadero alcance de la iniciativa gubernamental.
«Los ciudadanos sienten que el gobierno no cumple y no ofrece seguridad. Las personas buscan su propia protección», le dijo Briceño a BBC Mundo.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en apuntar sus sospechas de que, además del contrabando internacional, las armas y sobre todo de las municiones ilegales provienen de las fuerzas de seguridad.
Así, marcar las municiones de los cuerpos de seguridad con un indicador alfanumérico que identifique el cuerpo del que proviene es uno de los proyectos que el ministro El Aissami confía en que sea una realidad en un año.
Según Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, «los cuatro, seis, nueve millones de armas, no pueden haber venido de privados».
«Son los cuerpos de seguridad, por corrupción las fueron vendiendo. Hay mucho descontrol en los cuerpos de seguridad del Estado», afirma Cedeño en conversación con BBC Mundo.
Cedeño coincide en que «el reto es sacar las armas peligrosas de manos de los delincuentes». «Pero la gente no lo percibe así. Los civiles se sienten en indefensión ante los delincuentes y creen que necesitan las armas».
El director de Paz Activa, que está a favor del desarme total de la población, se mostró a favor, sin embargo de la prohibición de venta y la centralización de la distribución.
«El control más estricto debe darse en el interior del Estado. Centralizar la provisión de armas parece una buena idea. Debe haber un registro único que sea descentralizado en cuento a la facultad de alimentarlo».
Léase asimismo:
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/desarme/InformeExportacionesArmas2011.pdf
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA VA MUY EN SERIO EN LA NACIÓN VENEZOLANA
EL REVOLUCIONARIO ESCARLATA 